En unos momentos en los que vivimos con un cierto asombro y bastante impotencia el auge del populismo, de los bulos, de las ideas conspiranoicas y de la desinformación, no se nos puede olvidar una cuestión importante: este auge es debido a que hay personas dispuestas a comprar estas ideas, sean ciertas o no. Porque pensar que únicamente existe una población inocente que es engañada por los medios de donde surgen estas ideas o informaciones es pura ingenuidad.

Entre las múltiples razones que pueden llevar a una persona a comprar estas ideas e informaciones me gustaría destacar dos. La primera es el sesgo que todos tenemos a la hora de acceder a la información. Tendemos a prestar atención y dar credibilidad a las fuentes que coinciden con nuestro marco ideológico y de valores, con poco o ningún filtro.

La segunda responde a nuestras incertidumbres o miedos y, por tanto, a nuestras expectativas. Cuando los agentes sociales tradicionales, como los partidos políticos, defraudan nuestras expectativas o no son capaces de conectar con nuestras emociones más potentes pueden aparecer otros actores que los sustituyan.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, las redes sociales han propiciado que los mensajes lleguen más rápido y alcancen a más personas. Pero sin una audiencia predispuesta, la desinformación, los bulos, las teorías conspiranoicas o las ideas populistas no tendrían el eco que están alcanzando.

La globalización de la economía y las consecuencias que ha tenido en la clase media y trabajadores de occidente, sumada a las consecuencias de la gran recesión que comenzó en 2007, a la pandemia de la Covid19 y a la crisis energética e inflacionaria provocada por la invasión de Ucrania, son combustibles que alimentan la receptividad de la ciudadanía a cuestiones que hasta ahora estaban proscritas.

El surgimiento de nuevas potencias políticas y económicas con regímenes iliberales o directamente autoritarios ponen en duda la capacidad de las democracias liberales para competir de forma eficaz con ellas.

Y, por último, la desfachatez ausente de culpa con la que lideres y movimientos populistas defienden sus marcos ideológicos está consiguiendo que se normalicen sus ideas, desconectándolas de las consecuencias que tuvieron en el pasado, que desaparezcan los prejuicios y que una parte de la ciudadanía haya descartado los reparos que hasta ahora existían para aceptar o apoyar determinados planteamientos radicales.

La izquierda, hasta ahora, se ha visto superada por estos fenómenos y se muestra bastante ineficaz, con alguna excepción. Las respuestas más generalizadas son la denuncia o la cancelación, aunque estas no atacan la verdadera raíz del problema. Yo creo que incluso lo agravan.

Según el “Estudio de Redes Sociales 2024” elaborado por IAB Spain, unos siete millones y medio de personas usan a diario Twitter en España. No sé cuántos de ellos son seguidores de Elon Musk o consumen tweets relacionados con las cuestiones que hemos mencionado. Seguramente no son el 100%.

Ahora bien, cuando los medios de comunicación o los partidos políticos difunden, de forma crítica o no, lo que dicen estas personas u organizaciones, amplían enormemente la audiencia a la que llegan los mensajes, haciéndolos visibles para nuevas personas dispuestas a darles credibilidad, apoyarlos o divulgarlos. Esto lo sabe Elon.

Por tanto, a mi entender, quedarse en la crítica, en la denuncia o, incluso en la cancelación, no nos va a sacar del atolladero. Creo que las fuerzas políticas tradicionales tienen que esforzarse por recuperar la confianza de aquellas capas de la población que han visto defraudada sus expectativas.

Sin entrar en mucho detalle, apunto algunas acciones para conseguirlo, consciente de que ya son objeto de debate público. En primer lugar, con la puesta en práctica de políticas que solucionen de forma eficaz los problemas reales de las personas, generando además un marco de comunicación que conecte con sus emociones y dé respuesta a sus incertidumbres en este ámbito.

Se trata, no solo de competir con un relato y unas propuestas que sean más atractivas que la que proponen los populismos, sino de ser creíbles ante la ciudadanía convirtiendo esas ideas en realidades tangibles. Hay que abandonar nuestra zona de confort y ser disruptivos.

En segundo lugar, fomentado e impulsando el espíritu crítico en la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes, proporcionándoles las herramientas necesarias para analizar objetivamente la información que reciben o buscan, o la veracidad de las fuentes. Para ello habría que empezar a actuar desde el sistema educativo.

En tercer lugar, combatiendo la desinformación y los bulos desde el punto de vista penal, tipificándolos como delitos. Esta propuesta provoca rasgaduras de vestiduras, ya que hay actores sociales que están dispuestos a sacrificar la verdad en el altar de la libertad de expresión y la libertad de información simplemente porque les interesa para ganar el poder sin tener en cuenta las consecuencias.

Pero estas libertades, como muchas libertades, no se pueden ejercer sin límites y, por tanto, en estos casos de bulos y desinformaciones, creo que hay que anteponer el bien común frente al privado.

Para mí, el bien común es vivir en una sociedad informada de la forma más objetiva y veraz posible, sin bulos y desinformaciones, y con capacidad de análisis crítico. Y lo planteo sin ningún tipo de reparo, porque no podemos permitir que unos pocos utilicen las libertades que tanto esfuerzo han costado conseguir para someternos a su exclusiva voluntad.

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El señor Fraga Iribarne, a la sazón uno de los “padres de la Constitución”, describe este acontecimiento en un artículo titulado “La Constitución de 1978, a vista de ponente” (Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. 55, 1978).

Según Fraga, en la fase de estudio de las enmiendas que se presentaron al primer texto elaborado por la ponencia constitucional, se produce un acercamiento entre la Unión de Centro Democrático y Alianza Popular. Esto provocó, en palabras del mismísimo Fraga, que “el texto elaborado en la segunda fase fue, en mi opinión, el más coherente y el menos malo de los que se han propuesto”.

Al parecer, cito textualmente, “las enmiendas de U.C.D. tomaron un camino bastante constructivo, reflejando lo que sin duda era el sentir de la mayoría del grupo parlamentario, que a su vez recogía el sentir de muchos de sus electores; al parecer, tuvo influencia en esta actitud la publicación de algunos artículos muy críticos al primer texto…”

Fruto de esto, nos comenta Fraga que “el ponente socialista señor Peces-Barba no ocultó su insatisfacción por la marcha de los acontecimientos y terminó retirándose (el 6 de marzo de 1978), de modo sensacionalista, cuando estaban a punto de terminar los trabajos de la ponencia. Aquí hizo su aparición, por primera vez, la famosa expresión del consenso. El argumento del señor Peces-Barba fue que el primer borrador reflejaba un consenso básico entre las fuerzas políticas, al cual las enmiendas sólo podían afectar en cuestiones de detalle.”

El texto que surgió del proceso de debate de las enmiendas pasó a la Comisión del Congreso y, en opinión de Fraga, “las cosas comenzaron, más o menos, como en la segunda fase de la ponencia, y llegando a hablarse de la mayoría mecánica 19 v. 17 (los votos de A.P. y U.C.D., frente a los demás)”, hasta que coincidiendo con un viaje que realizó a Estados Unidos “las cosas variaron; y los socialistas lograron hacer prevalecer su tesis del consenso, rectificándose la posición anterior.”

Gregorio Peces-Barba reflejó este incidente en un texto titulado “Las actas de la ponencia constitucional”, que escribió con motivo de la publicación, por parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de las actas que “se refieren a las dos fases del trabajo de la ponencia constitucional que se extienden respectivamente desde el 10 de agosto al 17 de noviembre de 1977 y desde el 6 de marzo de 1978 al 10 de abril de 1978.”

Según Peces-Barba, “una vez acabado el plazo de presentación de enmiendas, se volvió a reunir la ponencia…Tuvimos algunas reuniones en el Parador Nacional de Gredos en dos o tres días, en torno al 16 de febrero, donde se produjo una evolución de la actuación del ponente Sr. Fraga, que coincidió casi siempre con la posición de los ponentes de UCD.”

Al parecer, siguiendo a Peces-Barba, hubo “no sólo un cambio de mayoría, sino una modificación del consenso que se consiguió durante la elaboración del anteproyecto. Por esa razón, en el acta de la sesión del 6 de marzo de 1978, primera entre las que se transcriben en esta segunda fase, se plantea la retirada del ponente socialista de la ponencia porque se ha roto el consenso originariamente alcanzado….”

La retirada del ponente socialista provocó que, una vez pasó el texto a la Comisión del Congreso, se recuperara de nuevo el consenso al que se refieren tanto Fraga como Peces-Barba, lo cual no gustó mucho a Alianza Popular, como lo demuestra que 8 miembros de su grupo parlamentario no votasen a favor del texto final de la Constitución y que la actitud que mantuvo esta fuerza política en el referéndum posterior fuese titubeante, cuando no contradictoria.

¿Qué es lo que causaba tanto malestar a las huestes de Alianza Popular? Veamos.

Refiriéndose a la redacción final del artículo segundo de la Constitución, Fraga comenta que “Este texto es, indudablemente, menos malo que el anterior, pero mantiene, en definitiva, la peligrosa expresión nacionalidades.”

También manifiesta, con relación al texto constitucional, que “…es demasiado largo, farragoso y omnicomprensivo; y el tratamiento de la unidad del Estado y la división territorial de competencias, equivocada desde el punto de vista de la eficacia, y llena de riesgos para el futuro.”

Pero ¿cuál era la alternativa de Alianza Popular?

Según Fraga, esta fuerza política “…formuló, en el borrador presentado a la ponencia, la siguiente propuesta de lo que hubiera sido un Artículo 5, equivalente al actual Artículo 2: El Estado español, uno e indivisible, reconoce y fomenta las autonomías regionales, provinciales y locales; practica en sus propios servicios la más amplia desconcentración y tendrá en cuenta en toda su legislación los principios de autonomía y descentralización; con un siguiente párrafo que añadía: El Estado tutela con normas adecuadas a las minorías culturales y lingüísticas.«

A estas alturas, se preguntaran ¿a cuento de qué doy tantos detalles de esos acontecimientos?. Pues bien, mi objetivo es enmarcar históricamente las dos cuestiones que voy a proponer para reflexión de los lectores.

Una primera es que el partido de la derecha de ámbito estatal con el que el PSOE llegó al consenso constitucional fue la UCD, un partido que ha desparecido y ya no forma parte del panorama político español. No fue con Alianza Popular, que como hemos visto no estaba muy conforme con el consenso.

Fue con la UCD con la que se pactó, de facto, la forma en que la Constitución debía recoger la realidad territorial de España. El líder de Alianza Popular, Fraga, desde luego que no lo tenía igual de claro.

La segunda cuestión que quiero plantear es que el actual Partido Popular es la antigua Alianza Popular cambiada de nombre. No es el heredero de la UCD, sino sucesor “legal” de Alianza Popular. De hecho, en su IX Congreso, Alianza Popular pasa a denominarse Partido Popular, nombre con el que ya se realiza el X Congreso.

A pesar de que el Congreso de la Refundación se celebró en 1989, la postura del Partido Popular en el debate territorial sigue bebiendo de las tesis de Fraga.

No creen en el diseño territorial reflejado en la Constitución Española porque ese nunca ha sido su modelo, ni en el consenso constitucional alcanzado en 1978 porque no es su consenso. La España del Partido Popular es la descrita por Fraga: la España de las regiones, de las provincias y de las minorías culturales y/o lingüísticas tuteladas.

Y cuando usan la palabra igualdad en el debate territorial, quieren decir uniformidad y centralismo bajo la tutela de la élite política y económica conservadora afincada en Madrid. Utilizan el concepto de igualdad como una cortina de humo, un truco de ilusionista: nada por aquí, nada por allá. Mientras, Ayuso aprovecha la distracción para proclamar su recién descubierta tautología, Madrid es España y España es Madrid, y rechazar la armonización fiscal que llevaría a una mayor igualdad entre los territorios y los ciudadanos de España.

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Esta Ley amnistió no solo los delitos de quienes lucharon por la democracia durante la dictadura, sino también los crímenes cometidos por ésta. En este sentido, permítanme que reproduzca el contenido de los apartados e) y f) del artículo segundo de dicha norma para comprender mejor la dimensión de lo que se aprobó.

“Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”

Al acabar de leer estos apartados, me fui al Preámbulo de la norma para conocer las razones que llevaron al legislador a aprobar una amnistía de los crímenes del franquismo. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que esta norma carece de Preámbulo, lo que quiere decir que no podemos conocer con exactitud el espíritu que justifica tal decisión.

¿Por qué una norma de estas características carece de Preámbulo? Es una pregunta que debemos hacernos y seguramente tendrá diferentes respuestas. Puede ser que nadie se atrevió a dejar constancia en el BOE de las causas que llevaron a incluir ciertos artículos en la ley.

Ante este vacío (¿premeditado?), que evita una interpretación teleológica, decidí dirigirme al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del viernes 14 de octubre de 1977 para conocer lo que dijeron los diferentes partidos políticos en el debate de aprobación de esta ley. La totalidad de los intervinientes no hicieron referencia a los dos apartados que he mencionado (¿intencionadamente?) y se limitaron a hacer una apelación general a la amnistía, en los términos contenidos en la ley que iban a aprobar, como norma necesaria para la reconciliación nacional.

Tan sólo el Sr. Fuejo Lago, diputado por el PSP y que habló en nombre del Grupo Mixto, fue quien logró aclararnos algo más. Lo cito textualmente:

“….. se ha producido lo que caracteriza a la convivencia política parlamentaria: el compromiso entre los diversos grupos que, significando diversas posiciones y concepciones, intervienen en la formación de la ley. ….. La transacción ha surgido de estas dos posiciones, y no simplemente por evitar conflictos parlamentarios; hay algo más profundo. No podemos poner en peligro la libertad y el afianzamiento definitivo de la democracia, que van a traer consigo el triunfo de la ética y de la justicia en nuestro país.”

Aunque el Sr. Fuejo Lago se refugia en la retórica parlamentaria, de sus palabras cabe deducir que existía una amenaza real sobre la continuidad del proceso democrático en nuestro país que llevó al Legislativo a aprobar la Ley de Amnistía tal y como hoy la conocemos.

Años más tarde, Txiki Benegas, en un artículo publicado en la revista “El Siglo” el 5 de noviembre de 2007, dijo que, “… la Ley de Amnistía fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático. Lo digo porque la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación, como ya he explicado recientemente en estas páginas. Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura.”

Comento esto al hilo de la reflexión que mi compañero Felipe González ha hecho sobre la amnistía propuesta por Puigdemont. Alega Felipe, con el extraordinario sentido del humor que dice caracterizarlo, que una amnistía borra los delitos, y que es como si las personas que los han cometido en realidad no hubieran hecho nada malo. No se queda ahí, sino que entiende que alguien podría interpretar que somos los demócratas los que hemos actuado mal al perseguir esas actividades contrarias a la legalidad vigente.

Cabe la posibilidad de que alguien aplique esta interpretación que hace Felipe González de la amnistía a la que se votó en 1977 y, a raíz de ello, se haga las siguientes preguntas:

¿Significa eso que no han existido los delitos cometidos por la dictadura franquista y que ésta no ha hecho nada malo?

¿Estaban, en consecuencia, equivocados los que pretendían la persecución de las acciones criminales del franquismo?

Sinceramente, creo que a Felipe González le ha fallado la memoria, y que, al igual que la inmensa mayoría de los españoles, considera que la amnistía de 1977 no borró los delitos del franquismo, aunque no podamos perseguirlos, y que el texto aprobado, lejos de ser un reconocimiento de que la dictadura no actuó mal, fue fruto de las urgencias del momento para hacer justicia a los que habían sufrido persecución por sus ideas y convicciones, sin que eso fuera un freno a la llegada de la democracia a nuestro país o provocase una involución golpista.

La democracia española, además, tuvo este gesto de “generosidad” con los que habían participado o colaborado en los crímenes del franquismo a pesar de que no hubo un reconocimiento expreso por parte de los mismos de que habían actuado mal y de que no lo iban a repetir. Lo repitieron un 23 de febrero de 1981 y lo superamos.

Por tanto, estoy convencida que, igual que la naciente democracia fue capaz de mostrar generosidad para afianzar la convivencia entre los españoles, esta misma democracia, ya madura, será capaz de demostrar generosidad, no solo para afianzar la convivencia entre los propios catalanes, sino para consolidar la convivencia entre el conjunto de los españoles y aquellos que no tienen claro el encaje de Catalunya en España.

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Están quienes piensan que, una vez se ha votado, la única opinión que importa es la de la mayoría que ha ganado. En consecuencia, la voz de quienes han perdido debe quedar acallada o, incluso, denostada. Cuando un populista dice que es demócrata, se está refiriendo a esto.

El populismo entiende siempre la democracia como un conflicto en el cual las diversas opiniones son excluyentes entre sí. Por eso, cuando ejercen el poder, practican la estrategia de la cancelación, es decir, señalar y culpabilizar a quienes discrepan. Es lo que podríamos denominar “democracia iliberal”, que muchas veces es una autocracia disfrazada.

También estamos quienes entendemos la democracia como acuerdo. Es decir, la mayoría debe tener en cuenta los puntos de vista de las minorías para conformar una acción política integradora que genere consensos duraderos en el tiempo.

Se denomina “democracia liberal”, que no es otra cosa que el respeto a los que opinan diferente y el fomento de la convivencia en la diversidad, valores sobre los que hemos construido la Unión Europea y los estados que la forman.

Tener claro estas diferencias no tiene una importancia menor, ya que entre los puntos que tienen en común los movimientos populistas, críticos con las democracias liberales, está la afirmación de que la ciencia está al servicio de las élites o la tentación de construir relatos alternativos que no tienen un sustento en la realidad. Lo hemos visto cuando se ha dicho que la pandemia de la Covid-19 ha sido creada por las élites gobernantes para controlarnos, o con el trumpismo y su teoría del fraude electoral.

En este marco, me gustaría señalar una cuestión que, desde mi punto de vista, es aún más trascendente, ya que hay fuerzas políticas que dicen defender la democracia liberal pero que la debilitan paulatinamente desde el interior.

Me refiero a los que impulsan una agenda política basada en la colisión entre identidades. Los movimientos identitarios utilizan la religión, la nación o la raza, para cohesionar grupos sociales y enfrentarlos a los que consideran u opinan diferente. Se mueven bien en situaciones de conflicto, en las que una identidad niega a la otras, obligando a los ciudadanos a elegir. Si eres A, tienes que estar en contra de B. El resultado final de esta política es una democracia anclada en el enfrentamiento, donde la mayoría impone a las minorías, y el objetivo es silenciar a todo aquel que no es, opina o vive como tú.

Del nacionalismo excluyente cabe esperar este comportamiento. Pero sorprende de una fuerza política como el Partido Popular, al que se le supone defensor de la democracia y de la tradición liberal.

Hoy en día, el Partido Popular está instalado en la negación de todo aquello que no responde a sus postulados ideológicos. Su negativa a apoyar medidas sociales para los más pobres, su bloqueo a la renovación del Poder Judicial o del Constitucional, su nacionalismo centralista excluyente, su negativa a reconocer la legitimidad del Gobierno de España, sus políticas para el desmantelamiento del estado del bienestar o de los servicios públicos, o su continua búsqueda de excusas para no alcanzar el más mínimo consenso, dibujan una fuerza política alejada de valores de la democracia liberal como son la primacía del acuerdo, la convivencia social y el respeto a la diversidad.

También sorprende que determinadas personas, que se autodenominan progresistas, hagan bandera de teorías que beben de postulados utilizados para combatir los valores de las democracias liberales.

Negar la realidad biológica de la existencia del hombre y la mujer, y decir que esta idea es fruto de una conspiración de las élites para imponer una visión blanca y heterosexual de la sociedad, es pretender crear una realidad alternativa que niega la evidencia científica: las diferencias genéticas entre los dos sexos. Sobre todo, cuando es precisamente esta diferencia, en la biología de uno y otro sexo, la que ha sido utilizada para discriminar a la mujer.

Por eso, no alcanzo a comprender que determinadas personas teóricamente progresistas, que como yo están en contra de todo tipo de discriminación y, en particular, de la discriminación por razón de sexo o de identidad de género, quieran “borrar” al sexo femenino y, en consecuencia, hacer invisibles a las mujeres.

Creo que para defender los derechos de un colectivo concreto, no se puede negar a más de la mitad de la población, menos aún intentar silenciarla. Estos autodenominados progresistas deberían entender que con su postura están dando alas a un modelo de democracia iliberal.

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Durante esta crisis, el Partido Popular, bajo la presidencia de Rajoy, hizo dejación de la defensa de los intereses de España en Europa y abrazó con entusiasmo las políticas de austeridad impulsadas, fundamentalmente, por Alemania que quería salvar su sistema financiero.

Una de las consecuencias de estas políticas derivó en la famosa y nefasta reforma laboral de 2012, que provocó una devaluación salarial y una precarización del empleo sin paragón hasta el momento.

Este fue el inicio de un infierno para una gran mayoría de familias españolas que vieron cómo, de la noche a la mañana, desaparecieron sus expectativas de progreso y se sumergieron en una espiral de empleos precarios y mal remunerados que les hacía muy difícil llegar a final de mes.

Hoy en día, aún hay familias y sectores económicos que están pagado las consecuencias del error que supuso aplicar las políticas de austeridad que tanto defendió, y defiende, el Partido Popular.

La derecha traicionó a los españoles en aquel momento y sigue traicionándolos en la actualidad, cuando se niegan a apoyar las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España de acuerdo con la Unión Europea, para superar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, de la crisis energética y de la guerra de Ucrania.

Nuestro país, a pesar de las incertidumbres, está consiguiendo salir adelante con un fuerte crecimiento económico, un ritmo de creación de empleo muy importante, y un sólido aumento de la recaudación.

En este contexto, se están abordando algunas de las deudas pendientes que tenemos con los españoles y españolas. Por ejemplo, con la reforma laboral puesta recientemente en marcha se ha conseguido la creación de empleo más estable y de mayor calidad, con una bajada importante de la temporalidad.

Sin embargo, aún queda pendiente la recuperación del poder adquisitivo de las familias españolas, que se hundió con la devaluación salarial practicada por el Partido Popular, y que se ha agravado con las dificultades generadas por la pandemia, la crisis energética y la guerra de Ucrania.

A pesar de esto, el Partido Popular sigue empeñado en impulsar políticas de desigualdad fiscal que únicamente favorecen a los que más tienen y que, como ya han advertido muchos organismos, alimentarían una espiral inflacionista que pondrían en peligro la consolidación fiscal e incrementaría la desigualdad en el reparto de las rentas.

Un ejemplo lo tenemos en Andalucía, donde la política económica y fiscal de Moreno Bonilla no ayuda en absoluto. Se deslocalizan más de 710 empresas andaluzas que se marchan de la comunidad, perdiéndose 440 millones de euros de facturación; se dejan de ejecutar 376 millones de euros de ayudas que se devuelven al Estado por desconocimiento en el tramite, afectando a 37.130 empresas andaluzas; y, finalmente, la tasa de pobreza se ha dejado en 26,3%, el  7,3% por encima de lo que estaba en 2018.

Hoy, después de un Gobierno del PP, en Andalucía hay 2.200.000 personas en exclusión social, la mitad de ellas en exclusión severa, a las que estamos obligados a dar respuesta y eso solo se puede hacer desde un gobierno que cree en la redistribución de la riqueza.

Para evitar esta brecha entre los más ricos y los que menos tienen, principal consecuencia de aquellas políticas neoliberales practicadas por el Partido Popular, que en esta legislatura estamos intentando contrarrestar, resulta imprescindible conseguir un crecimiento económico equilibrado, porque, de esta forma, se va garantizar la dignidad de muchas familias que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes.

La salida del actual ciclo económico tiene que pasar porque los beneficios del crecimiento económico se repartan de una forma justa entre todos los españoles y las españolas, y por una recuperación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras.

Hay quien saca a colación que el incremento de la productividad del factor trabajo es un elemento necesario para plantear la subida de los salarios. Pero habría que hablar más de la productividad del factor capital, que en nuestro país se ha visto lastrada por una cultura inversora que busca el rédito inmediato y carece de la adecuada planificación para alcanzar la rentabilidad en el medio y largo plazo. Con seguridad, los fondos de recuperación van a jugar un importante papel en la economía española y son una oportunidad para el cambio de paradigma del modelo productivo español.

También mejorará la productividad de nuestras empresas, sobre todo de las pymes, la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías y de la innovación en los procesos productivos, favoreciendo a su vez la incorporación de trabajadores cualificados y bien remunerados.

Sin duda, es el momento de abordar con responsabilidad la consecución, en el marco de la negociación colectiva, de un pacto de rentas que beneficie a las empresas, a los trabajadores y, en definitiva, al conjunto de España, y que nos impulse a nuevas cotas de progreso en este siglo XXI, por salud democrática y justicia social.

(Foto: EFE/Ballesteros)

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Por ejemplo, que una gran mayoría (62,7%) cree que nuestra sociedad debe dar más importancia a favorecer la igualdad y solidaridad entre las personas que a hacer posible que cada cual llegue lo más alto que pueda con su esfuerzo y su trabajo. O que una mayoría aún más amplia (69,1%) considera que el Estado sí debe intervenir en la economía frente a los que piensan que el Estado no debe intervenir en la vida económica, dejándolo todo en manos de la iniciativa privada.

En este contexto, resulta llamativo que la derecha más radical esté logrando imponer, en nuestro país, un relato que antepone el individualismo y la desregulación de los mercados frente al papel del Estado y el bien común, y que proclama la desarmonización y la desigualdad fiscal entre comunidades autónomas y ciudadanía frente a la redistribución de la riqueza y el reequilibrio territorial.

Más aun cuando la realidad nos indica que fueron las políticas ultraliberales las que impulsaron una desregulación de los mercados que provocó la implosión del sistema financiero en 2007, la consecuente crisis económica, acentuada en España por la burbuja del ladrillo que generó el Partido Popular con sus políticas de liberalización del suelo, y la imposición en la Unión Europea de políticas de austeridad y recortes que los representantes de la derecha española jalearon como auténticos hooligans.

Una derecha que ostenta, desde entonces, el dudoso honor de ser la creadora de un modelo económico sustentado en la precariedad laboral de los españoles, en la devaluación de los salarios y en el deterioro de las pensiones. Precarizaron hasta la libertad, de la que tanta gala hacen últimamente, con la aprobación de una ley mordaza para impedir que los españoles y españolas indignados por sus políticas pudieran alzar la voz.

A pesar de todo, la derecha ultraliberal está logrando movilizar a sus bases gracias a una potente y bien organizada campaña de comunicación, mientras tienen entretenida a la izquierda acusándola de ser una edición actualizada del comunismo autoritario que perdió la guerra fría o la versión europea de los populismos de izquierda, vergonzosos cómplices del terrorismo etarra. Con su estrategia tensan a su electorado y radicalizan al votante, creando un páramo electoral en el centro.

La izquierda no puede caer en esta trampa. La batalla hay que librarla en el centro, no en los extremos, porque lo que está en juego no es la supremacía moral, que es solo una cortina de humo muy bien urdida por la ultraderecha, sino que los votantes recuperen la confianza en la capacidad de la socialdemocracia para poner en marcha un proyecto transformador como el que alumbró el Estado del Bienestar en el siglo pasado, confianza que se quebró a raíz de la crisis financiera de 2007.

Para ello, el centro izquierda no solo tiene que ser capaz de generar un marco de comunicación en el que insertar un relato convincente sobre valores, como la igualdad y la solidaridad, que son mayoritarios en la sociedad, sino que tiene que acompañar el discurso con los hechos. El presidente Pedro Sánchez ha dado pasos en este sentido con el Plan de Recuperación, el Ingreso Mínimo Vital, los ERTES, la reforma laboral o la revalorización de las pensiones, entre otros, poniendo de manifiesto que ante una crisis económica otra forma de gobernar es posible.  

Aparentemente, Yolanda Díaz parece tener bien aprendida la lección. Pretende “reiniciar” el proyecto de Podemos y volver a su versión Errejón. Por eso, al ponerse en la foto de esta reforma laboral, Díaz hace de la necesidad virtud. Pero no es, ni mucho menos, la que ella hubiera deseado, sino la que Pedro Sánchez comprometió para que España reciba los fondos europeos que nos permitirán cambiar el modelo económico de nuestra nación.

Muy probablemente, si Podemos y Yolanda Díaz no formaran parte del gobierno, estarían rechazándola. De hecho, en una reciente entrevista en El País, Yolanda Diaz deslizó, como quien no quiere la cosa, que si no se han retocado otros aspectos en la reforma laboral ha sido por culpa de la parte socialista del gobierno de coalición.

Resulta conmovedora la tendencia moralizante que tiene cierta izquierda, más aún cuando en su intento por parecerse al PSOE han tenido que hacer de tripas corazón.  Pero no pasa nada, no hay que señalar a nadie. Simplemente reconocen, por la vía de los hechos, que la socialdemocracia es el único proyecto político viable de la izquierda. Y, como dice el refrán, en el pecado llevan la penitencia, porque tiene que ser un sinvivir disfrazarte de lo que tanto te has dedicado a combatir.

Fíjense como será la cosa que hasta la derecha ha decidido echarle una mano. En el último CIS, el de diciembre de 2021, cuando a los votantes de VOX y del PP se les pregunta por la valoración y la ubicación ideológica de los principales actores políticos, no sólo puntúan mejor a Yolanda Díaz, sino que también la sitúan ideológicamente a la derecha de Pedro Sánchez. Todo un clásico de la política española.

No cabe duda de que la derecha es pragmática. Una cosa es que esté envuelta en una cruzada contra la coalición de socialcomunistas, populistas, terroristas e independentistas que gobierna España, y otra cosa es que no vaya a utilizar las habilidades miméticas de Yolanda Díaz para debilitar a quienes somos sus  verdaderos enemigos, los y las socialistas.

Así que aquí estamos entretenidos viendo como un día acusan al “comunismo” de ser el origen de todos los males y al día siguiente elevan a una de sus ministras a los altares. ¿Se acuerdan de la teoría de las dos orillas de un influyente correligionario ideológico de Yolanda Díaz? Pues acabó tomando forma en la famosa “pinza PP-IU” en Andalucía. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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Hace ya mucho tiempo que se empezó a utilizar la “propaganda” para situar la contienda política en el ámbito emocional, mucho más subjetivo, en detrimento de una decisión racional por parte de los votantes que supondría un escrutinio a fondo de la letra pequeña de las propuestas partidistas. Hoy en día, la construcción de relatos políticos capaces de modificar las emociones y, por tanto, las actitudes del electorado está de moda. Podemos encontrar múltiples ejemplos de ello, aunque los más clamorosos los tenemos en la campaña Trump y en la del Brexit.

Los conservadores llevan ventaja en esta materia, ya que a través de sus fundaciones dedican mucho tiempo a investigar sobre estas cuestiones. No tanto la izquierda que con frecuencia sigue prefiriendo el discurso de la razón frente al de la emoción. Por ejemplo, han aprendido que el miedo es una de las emociones más potentes y que más condicionan el comportamiento de las personas. De hecho, las formaciones ultraderechistas llevan toda la vida usándolo para construir su discurso político.

Miedo a lo diferente, a lo que no se comprende, a quien no tiene nuestras mismas creencias, idioma o cultura. La ultraderecha utiliza el miedo para generar enemigos virtuales y separar la sociedad entre el nosotros y los que no son como nosotros. Pero las sociedades construidas desde el miedo se empequeñecen y aíslan, volviéndose más débiles y vulnerables frente a sus problemas y competidores reales.

No podemos caer en la trampa. La ultraderecha juega con el miedo, pero en realidad quienes tienen miedo son sus líderes. Miedo ante un mundo que cambia y evoluciona a una velocidad a la que no son capaces de adaptarse, miedo ante todo aquello que su rígida y estrecha moral no entiende o, sin más, no admite, miedo ante la decadencia del statu patriarcal establecido durante generaciones y la posibilidad real de perder la posición dominante que hasta ahora una parte de la sociedad ha mantenido sobre la otra. Miedo, en definitiva, ante un futuro que no comprenden y que no saben que les va a deparar.

¿Qué nos demuestra la historia? Que los mejores momentos de humanidad se han producido cuando el mosaico de sociedades que la componen ha apostado por la libertad, la alegría, la esperanza, la felicidad, la apertura, la tolerancia, la solidaridad, la innovación, la luminosidad o la creatividad, ignorando el miedo que las atenazaban en los periodos más oscuros.

En esto, los conservadores nuevamente nos han dado una lección. Díaz Ayuso construyó parte de su campaña basándose en emociones positivas que resumió en la palabra “libertad”. En realidad, quería decir “felicidad”, la que genera la posibilidad de tomarse una cerveza tranquilamente con los amigos y seres queridos después de un día duro de trabajo marcado por las adversidades de la pandemia.

Sin embargo, la izquierda madrileña construyó un relato racional y lógico ajustado a la responsabilidad de las administraciones públicas de tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia. Un relato que necesariamente estaba basado en las consecuencias negativas sobre la salud y la vida y, por tanto, en el miedo a sufrir éstas.

De poco sirvió que el debate acabase centrado en el eje del fascismo y el comunismo. Las emociones positivas se impusieron sobre la razón. ¿Por qué?  Porque la Sra. Díaz Ayuso fue capaz de conectar con los sentimientos de unos electores cansados por largos meses de restricciones. No se trata, por tanto, solo de emociones, sino también de la habilidad para tomarle el pulso a una sociedad agotada por dos crisis consecutivas que han hecho tambalearse la prosperidad y los logros alcanzados en las últimas décadas.

El PP de Casado, en la Convención que ha celebrado recientemente, ha decidido refugiarse de nuevo en el miedo como palanca de movilización de la derecha española. Miedo a la inmigración, miedo al feminismo, miedo a la diversidad, miedo a perder el statu en una sociedad que rechaza corsés morales e ideológicos anclados en un tiempo que ni fue mejor ni va a volver.

Bonaparte decía “si el oponente se está equivocando, mejor no distraerlo”. Mientras tanto, la izquierda puede mirarse en Barak Obama, que durante la campaña electoral que lo convirtió por primera vez en presidente de los Estados Unidos utilizó una idea muy sencilla: después de una tormenta, por muy larga y dura que esta sea, siempre vuelve la calma, el cielo se despeja y sale el sol en un nuevo amanecer. Hablaba de esperanza, y ganó.

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Muchos de nosotros aún recordamos los acuerdos entre partidos políticos de ámbito estatal y señor Jordi Pujol para elegir al presidente del Gobierno de España. En esos momentos, no pocos daban por hecho que, fruto de las negociaciones, Catalunya se llevaba más de lo que teóricamente le correspondía. También está en la memoria el “España nos roba” que los independentistas usaron como leitmotiv arrojadizo para justificar sus acciones.

Resulta curioso este conflicto donde ambas partes piensan que lo mejor se lo lleva la otra parte. Porque al final, no nos engañemos, este no es un conflicto jurídico, ni tan siquiera es un conflicto patriótico, sino que es un conflicto político y, fundamentalmente, económico.

Político porque se debate acerca de los espacios de autonomía en las decisiones económicas de cada parte, y económico porque al final hay que financiar las decisiones y el pueblo, ese objeto del deseo, tiene que vivir. Así las cosas, es necesarios hacer algunas puntualizaciones.

Si nos situamos en una perspectiva histórica de largo plazo, y comparamos la evolución a nivel provincial, Madrid le ganó a Barcelona la carrera demográfica, pasando del 4,2 % de la población española en 1900 al 13,7% en 2011, mientras que Barcelona saltó del 5,7% al 11,8%. Además, Madrid también ganó la carrera de los stocks de capital público, sinónimo de inversión acumulada, pasando del 6% del total de España en 1900 al 13% en 2005, mientras que Barcelona solo avanzó del 6% al 8%, en el mismo periodo

Si nos situamos en la perspectiva histórica del actual periodo democrático, quédense con estos datos. Al acabar 1978, el año que se aprobó la Constitución, Catalunya representaba el 19,2% del PIB español a precios constantes y la Comunidad de Madrid un 16,7%. Al finalizar 2019, el PIB catalán representaba el 19% del total, mientras que el madrileño era el 19,4%.

Dicho de otra forma, Madrid ha sido la gran ganadora de los últimos 100 años. Ya lo dijo Ayuso, “Madrid es España y España es Madrid”. Desde luego, no voy a ser yo quien le quite la razón a la señora Ayuso, pero si me voy a permitir hacerle una precisión matemática: si Madrid es España, Cataluña es más o menos la misma cantidad de España que Madrid.

Sin embargo, Catalunya tampoco ha sido la gran perdedora de estos últimos 100 años. Aunque Madrid le ha pillado la vez, la comunidad catalana ha visto incrementarse su participación en la riqueza nacional ya que, por ejemplo, en 1955 “solo” representaban el 17,9%. En el lado contrario, las comunidades de Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura o Galicia, han disminuido su contribución al PIB y a la población a lo largo de estas décadas.

El presidente Ximo Puig lo clavó cuando dijo que el “efecto aspiradora” de Madrid alienta la desigualdad en España. Pero se le olvidó que la suma de Catalunya y Madrid, en 2019, representaba el 38,4% del PIB, mientras que en 1978 representaba el 35,9%. Hemos concentrado casi un 40% del PIB para poco más de un 30% de la población, agudizándose los desequilibrios territoriales.

Tengo la sospecha que esta “disputa encubierta” por la hegemonía económica, no solo está en el origen del “procés”, sino también en el de las pasiones que alimentan el debate sobre los indultos que, lejos de tener en cuenta las verdaderas prioridades de nuestros ciudadanos, se parece cada vez más a un “a ver quién puede más o llega más lejos” entre las élites políticas de Madrid y Cataluña.

La consecuencia es que el debate sobre el “procés” impide que el resto de España avance. Entre tanta broca, no hay hueco para hablar de los grandes desequilibrios territoriales que sigue acumulando este país más de cien años después, ni de las enormes desigualdades que ha generado la crisis financiera del 2011, ni de la reconstrucción social y económica de España tras la pandemia de la Covid-19.

Me atrevo a decir, incluso, que algunos de los medios de comunicación más influyentes, radicados en Madrid o Catalunya, alimentan esta agenda política, y que muchos partidos políticos de ámbito nacional no son capaces o no quieren salir del bucle.

En este escenario de confrontación, cada vez más ciudadanos de esa parte de España que no es ni Madrid ni Catalunya están cansados de que no se escuche su voz, de que no se les preste la debida atención y de que sea una odisea conseguir hablar de los problemas que les preocupan de verdad.

Por tanto, si los indultos que planea el Gobierno de la Nación sirven, no solo para restablecer el diálogo y la convivencia, sino para que hablemos más de España y menos de Catalunya y Madrid, bienvenidos sean. Lo agradecerán los jóvenes que tienen un futuro incierto, los mayores que ven peligrar sus pensiones, las empresas que están en una situación difícil para salir de la crisis, las personas que no encuentran un puesto de trabajo, las mujeres que sufren violencia, y tantos y tantos colectivos que esperan una respuesta de sus gobiernos.

España tiene que ponerse en marcha, no podemos entretenernos más. Los debates estériles no nos llevan a ninguna parte. Tenemos que arriesgarnos y demostrar que la concordia se alcanza con los hechos.  Tengo la esperanza de que a los partidos de la derecha española les ilumine, por una vez, la responsabilidad y la sensatez, porque creo que los indultos ayudarán a desbloquear la situación y los gobiernos podrán trabajar para que salgamos de esta crisis sin dejar a nadie en el camino. Los ciudadanos no van a esperarnos mucho más.

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En España hay algún ejemplo que podría tener puntos en común con esta curiosa teoría. Por ejemplo, la aparición electoral de Podemos que aglutinó a no pocos miembros de las clases alta y media alta en torno a elites académicas universitarias. También guarda cierto parecido el movimiento independentista de Catalunya, que llama poderosamente la atención por la correlación existente entre su voto y una mayor renta por habitante del electorado.

Por último, tenemos la propuesta que está articulando en Madrid una parte de la élite conservadora regional, con la que pretenden hacer desaparecer las estructuras administrativas del Estado para drenar los recursos públicos hacia el ámbito privado, precisamente en una de las zonas de España con mayor nivel de vida y dinamitando las bases ideológicas de la democracia cristiana que, supuestamente, aún perviven en el Partido Popular.

Una propuesta que profundiza en la inestabilidad política de la derecha a nivel nacional que no es capaz de dar cabida a la sobresaturación de lideres ociosos que se postulan como salvadores de España (Casado, Santi, Ayuso, Inés o Albert, entre otros).

Volviendo a Peter Turchin y su teoría, me dispuse a bucear en el último CIS con el objetivo, no tanto de probar sus ideas, sino de caracterizar algún elemento que me diese pistas sobre la creciente crispación de la política española. Hay algunos elementos llamativos. Por ejemplo, que la “nueva política” obtiene más apoyos electorales entre los hombres y en los segmentos sociales con más formación, fenómeno que se repite en la mayoría de los partidos nacionalistas. También que las mujeres se autodefinen como más de izquierdas y apuestan, con más intensidad, por el gasto de carácter social.

Pero existe otro dato que resulta clave.  Por término medio, el 55% de la población y el 50% de las mujeres afirman que “votan por un partido u otro, o no votan” según “lo que más les convenza” en el momento de la votación. Sin embargo, estas cifras se elevan hasta el 60% o más entre los hombres, los poseedores de estudios superiores o los pertenecientes a las clases alta y media alta.

Tomando como referencia estas consideraciones, se podría llegar a la conclusión de que los recientes episodios de inestabilidad política pudieran haber encontrado más apoyo entre las élites económicas y sociales masculinas. Mientras que las mujeres representarían un factor de mayor estabilidad política y protección social.

Prefiero que cada lector saque sus propias conclusiones, aunque en mi opinión tenemos dos problemas: la testosterona y el populismo.

En relación con el segundo problema, la apuesta de corte trumpista de Ayuso plantea la reducción del papel del Estado para dejarlo todo en manos del mercado, muy al estilo de las propuestas del anarcoliberalismo, al tiempo que quiere finiquitar la igualdad de oportunidades y restringir la libertad de la ciudadanía con menos recursos, imponiendo una especie de darwinismo social del “sálvese quien tenga los recursos para conseguirlo”.

Ayuso, al grito de “España es Madrid y Madrid es España”, proclama un renacido centralismo con en el que pretende someter al país y justificar sus políticas extractivas de riqueza en detrimento del resto de territorios, además de mostrar su desconfianza en la capacidad del conjunto de los españoles y españolas para dirigir sus destinos. Esto me recuerda la convulsa Gran Colombia de Bolívar, con Ayuso en el papel de ferviente bolivariana proponiendo un estado central fuerte y una presidencia vitalicia.

Aunque pudiera parecer que, con el adelanto de las elecciones en Madrid, Ayuso pretende conseguir una mayor estabilidad política, su centralismo nacionalista generará una mayor confrontación por el conflicto con los territorios más periféricos. No cabe duda, por tanto, que bajo la pomposa rebeldía de la ultraderecha madrileña solo se esconde lo de siempre, que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres, más precariedad, más desprotección social y menos libertad.

Por todo ello, y alguna cosa más, veo con una cierta preocupación que una parte de la izquierda se haya dejado arrebatar el marco sobre el cual hemos edificado nuestro proyecto político de progreso: socialismo es libertad.

Si. Socialismo es libertad. La idea con la que construimos el mayor periodo de progreso, igualdad, libertad y democracia de la historia de España. La idea con la que aspiramos a construir una sociedad de hombres y mujeres iguales y libres.

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En Estados Unidos, un grupo de foreros está poniendo en jaque a los poderosos fondos que operan en Wall Street por su apuesta a la baja contra GameStop, y este fenómeno es uno de esos síntomas. David frente a Goliat.

Internet y las TICs hacen esto posible. La información puede circular en tiempo real por todo el planeta sin que nadie la pueda parar, poniendo fin al oligopolio que detentaban estados, grandes corporaciones e instituciones, medios de comunicación, productoras, editoriales o partidos políticos.

En unos pocos clics, cientos de millones de ciudadanos pueden acceder a múltiples versiones alternativas de una misma realidad, posibilidad que hasta hace muy poco estaba bastante limitada. Lo estamos comprobando con el auge de las fake news, pero también con el resurgimiento de propuestas políticas populistas que tienen la posibilidad de amplificar sus relatos para que lleguen a importantes capas de la población y competir con aquellos que se consideraban hegemónicos.

Muchas de estas ideas ya existían, de una u otra forma, antes de esta revolución tecnológica y siempre ha habido personas dispuestas a escucharlas y creerlas. Al fin y al cabo, el pensamiento mágico ha acompañado al ser humano desde que el hombre es hombre. Sin embargo, el eco que ha obtenido una fake news como la del fraude electoral en Estados Unidos y la gravedad de sus consecuencias – el asalto al Capitolio -, han hecho saltar todas las alarmas.

Algunos analistas han señalado que las redes sociales son causantes, en gran medida, de esta situación. Realmente ¿esto es así?. Si lo fuera, sería como responsabilizar a la imprenta de todas las revoluciones o involuciones que ocurrieron tras su invención.

Lo cierto es que las palabras las escriben los hombres, por lo que, a mi entender, la vía por la que propuestas populistas, hasta ahora marginales, están consiguiendo apoyos considerables es la pérdida de credibilidad de las opciones que han ocupado el espacio político de forma hegemónica, como son los partidos políticos tradicionales del occidente desarrollado. No podemos olvidar que el auge de los populismos ha estado asociado en el pasado a situaciones de crisis o declive.

La globalización de la economía, la crisis financiera de 2007, los grandes movimientos migratorios y, ahora, la crisis provocada por la pandemia de la Covid, están causando cambios muy profundos que han puesto en cuestión el status y las expectativas de progreso de amplias capas de la población, generando miedo, insatisfacción e inquietud.

Es ahí donde radica la cuestión. La incapacidad de opciones ideológicas de centro derecha o centro izquierda tradicionales para explicar y dar soluciones creíbles a las inquietudes, enfados o miedos de muchos votantes, y la habilidad de las formaciones políticas populistas para analizar y utilizar esta situación, identificando las propuestas moderadas como una parte del problema y no como una solución.

El populismo podría estar librando la batalla por la hegemonía del relato sin que, de momento, las fuerzas moderadas estén encontrando el antídoto para combatirlo. En España, podemos observar como la aparición y auge de VOX ha provocado el pánico en las filas del Partido Popular, que no acaba de salir de su desconcierto.

También podemos ver como los medios conservadores radicales jalean estos relatos alternativos, conscientes de que las redes sociales y el desasosiego de muchas personas por un futuro incierto les pueden hacer gran parte del trabajo frente a la parálisis de una derecha moderada incapaz de plantear, de forma tajante, una propuesta alternativa.

La izquierda también tiene mucho que aprender. La clase media y trabajadora se disuelve como un azucarillo y es presa fácil de opciones populistas a las que no basta combatir desde la descalificación.

Por mucho que creamos que tensionar al electorado puede garantizarnos el apoyo en las urnas, esto solo retroalimentaran un bucle que favorece al extremismo. Muy al contrario, lo que debemos hacer es ganar la guerra cultural o, si lo prefieren, la guerra por la hegemonía del relato.

Y para ganar tenemos que conocer y comprender las razones, miedos e inquietudes de los ciudadanos que valoran votar al populismo, para luego aportarles explicaciones de la realidad y soluciones que les resulten creíbles desde los marcos de comunicación progresistas.

No debemos perder de vista que otro síntoma de los profundos cambios que se están operando en el mundo es que los ciudadanos son cada día más conscientes de su poder. Esto lo han entendido bien las grandes empresas, que saben que los comentarios negativos de los clientes sobre sus productos pueden generar un daño en la reputación difícil de reparar.

El votante está asumiendo el control. No se trata, por tanto, que digamos “estos son los problemas y estas las soluciones, porque es lo que dice mi manual ideológico”, sino que debemos conocer las inquietudes, actitudes y necesidades reales de los ciudadanos, y proponer soluciones que les aporten un valor real.

La izquierda tiene que escuchar más al elector, que es quien decidirá si una propuesta le resulta útil o no, pero también debe conectar más con sus emociones, ya que en la mayoría de los casos son estas las que finalmente decidirán el voto y no solo la razón. La formar de comunicarnos es fundamental y la palabra es el arma más poderosa que poseemos.

En la película “El instante más oscuro”, cuando Churchill es aclamado después de pronunciar su famoso discurso de “… combatiremos en las playas…”, alguien pregunta qué es lo que ha pasado y Lord Halifax responde: “ha movilizado a la lengua inglesa para enviarla a combatir”. Movilicemos, pues, la palabra y enviémosla a combatir al populismo.

Aunque algunos conflictos sociales y económicos que existen en la actualidad vienen de lejos, las respuestas que las ideologías tradicionales aportan en estos momentos son ineficaces, cuando no conformistas, y pueden ser combatidas con un cierto éxito por los relatos populistas alternativos que se expanden como la espuma por Internet.

Para la izquierda es hora de poner en duda los dogmas y de volver a conectar con el ciudadano. Es hora de que nos entiendan y que realmente los entendamos. Es hora de que sientan que no somos parte de sus problemas, sino su mejor solución.

Cuando Pedro Sánchez dijo que la Unión Europea tenía que dar una respuesta a la actual crisis que estuviese a la altura del desafío y del momento histórico, creo que era plenamente consciente de que los ciudadanos acabarían por desconectar si se volvía a fallar. Por eso pidió que se rompiese con los viejos dogmas y alumbrásemos un nuevo futuro. En ello estamos.

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