En el año 2007 estalla una crisis financiera en EEUU que contagia a España al año siguiente, impulsada por la burbuja inmobiliaria que alimentaron las políticas de liberalización del suelo del Gobierno de Aznar y las políticas monetarias expansivas desarrolladas en Europa y en nuestro país, lo que propició un endeudamiento excesivo del tejido empresarial y de las familias españolas.

Durante esta crisis, el Partido Popular, bajo la presidencia de Rajoy, hizo dejación de la defensa de los intereses de España en Europa y abrazó con entusiasmo las políticas de austeridad impulsadas, fundamentalmente, por Alemania que quería salvar su sistema financiero.

Una de las consecuencias de estas políticas derivó en la famosa y nefasta reforma laboral de 2012, que provocó una devaluación salarial y una precarización del empleo sin paragón hasta el momento.

Este fue el inicio de un infierno para una gran mayoría de familias españolas que vieron cómo, de la noche a la mañana, desaparecieron sus expectativas de progreso y se sumergieron en una espiral de empleos precarios y mal remunerados que les hacía muy difícil llegar a final de mes.

Hoy en día, aún hay familias y sectores económicos que están pagado las consecuencias del error que supuso aplicar las políticas de austeridad que tanto defendió, y defiende, el Partido Popular.

La derecha traicionó a los españoles en aquel momento y sigue traicionándolos en la actualidad, cuando se niegan a apoyar las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España de acuerdo con la Unión Europea, para superar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, de la crisis energética y de la guerra de Ucrania.

Nuestro país, a pesar de las incertidumbres, está consiguiendo salir adelante con un fuerte crecimiento económico, un ritmo de creación de empleo muy importante, y un sólido aumento de la recaudación.

En este contexto, se están abordando algunas de las deudas pendientes que tenemos con los españoles y españolas. Por ejemplo, con la reforma laboral puesta recientemente en marcha se ha conseguido la creación de empleo más estable y de mayor calidad, con una bajada importante de la temporalidad.

Sin embargo, aún queda pendiente la recuperación del poder adquisitivo de las familias españolas, que se hundió con la devaluación salarial practicada por el Partido Popular, y que se ha agravado con las dificultades generadas por la pandemia, la crisis energética y la guerra de Ucrania.

A pesar de esto, el Partido Popular sigue empeñado en impulsar políticas de desigualdad fiscal que únicamente favorecen a los que más tienen y que, como ya han advertido muchos organismos, alimentarían una espiral inflacionista que pondrían en peligro la consolidación fiscal e incrementaría la desigualdad en el reparto de las rentas.

Un ejemplo lo tenemos en Andalucía, donde la política económica y fiscal de Moreno Bonilla no ayuda en absoluto. Se deslocalizan más de 710 empresas andaluzas que se marchan de la comunidad, perdiéndose 440 millones de euros de facturación; se dejan de ejecutar 376 millones de euros de ayudas que se devuelven al Estado por desconocimiento en el tramite, afectando a 37.130 empresas andaluzas; y, finalmente, la tasa de pobreza se ha dejado en 26,3%, el  7,3% por encima de lo que estaba en 2018.

Hoy, después de un Gobierno del PP, en Andalucía hay 2.200.000 personas en exclusión social, la mitad de ellas en exclusión severa, a las que estamos obligados a dar respuesta y eso solo se puede hacer desde un gobierno que cree en la redistribución de la riqueza.

Para evitar esta brecha entre los más ricos y los que menos tienen, principal consecuencia de aquellas políticas neoliberales practicadas por el Partido Popular, que en esta legislatura estamos intentando contrarrestar, resulta imprescindible conseguir un crecimiento económico equilibrado, porque, de esta forma, se va garantizar la dignidad de muchas familias que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes.

La salida del actual ciclo económico tiene que pasar porque los beneficios del crecimiento económico se repartan de una forma justa entre todos los españoles y las españolas, y por una recuperación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras.

Hay quien saca a colación que el incremento de la productividad del factor trabajo es un elemento necesario para plantear la subida de los salarios. Pero habría que hablar más de la productividad del factor capital, que en nuestro país se ha visto lastrada por una cultura inversora que busca el rédito inmediato y carece de la adecuada planificación para alcanzar la rentabilidad en el medio y largo plazo. Con seguridad, los fondos de recuperación van a jugar un importante papel en la economía española y son una oportunidad para el cambio de paradigma del modelo productivo español.

También mejorará la productividad de nuestras empresas, sobre todo de las pymes, la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías y de la innovación en los procesos productivos, favoreciendo a su vez la incorporación de trabajadores cualificados y bien remunerados.

Sin duda, es el momento de abordar con responsabilidad la consecución, en el marco de la negociación colectiva, de un pacto de rentas que beneficie a las empresas, a los trabajadores y, en definitiva, al conjunto de España, y que nos impulse a nuevas cotas de progreso en este siglo XXI, por salud democrática y justicia social.

(Foto: EFE/Ballesteros)